En el complejo entramado político de los Estados Unidos, el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump ha encendido el debate. Con la intención de controlar la violencia en ciudades gobernadas por demócratas y combatir la delincuencia, Trump ha justificado el uso de esta fuerza como un apoyo a las iniciativas de deportación. Sin embargo, este intento ha enfrentado una feroz resistencia legal de varios gobernadores demócratas, quienes señalan que la medida es innecesaria y podría aumentar las tensiones.
Intento de despliegue de la Guardia Nacional y su marco legal
El presidente Trump ha utilizado una disposición legal del Artículo 10, sección 12406 del Código de Estados Unidos. Esta ley permite el despliegue federal en situaciones de invasión o rebelión. No obstante, gobernadores como Jay Robert Pritzker de Illinois han presentado demandas para bloquear estos despliegues, denunciando lo que consideran intentos de fabricar una crisis. Por ejemplo, en Chicago se presentó una demanda para evitar el despliegue de la Guardia Nacional, subrayando que no hay una insurrección que justifique tal acción.
Respuesta de los gobernadores demócratas y acciones legales
El intento de enviar tropas federales a ciudades como Portland ha sido uno de los puntos más controversiales. Allí, la jueza federal Karin Immergut detuvo temporalmente el despliegue de unidades de Texas y California. Los gobernadores demócratas argumentan que estos despliegues pueden causar más daño que bien. Incluso la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha negado la existencia de una insurrección que justifique la presencia militar.
Casos notables de despliegue de la Guardia Nacional
El 7 de octubre de 2025, Trump intentó enviar la Guardia Nacional a Portland, pero fue bloqueado por una orden judicial. Anteriormente, en junio, las tropas fueron utilizadas en Los Ángeles como respuesta a disturbios relacionados con políticas migratorias. Posteriormente, un tribunal de apelaciones falló a favor de la administración Trump, defendiendo la legalidad de sus acciones. Estos casos destacan el constante tira y afloja entre la administración federal y los gobiernos estatales.
Opiniones enfrentadas y legalidad del despliegue
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt ha expresado confianza en la autoridad legal del presidente para efectuar estos despliegues. Sin embargo, la Ley Posse Comitatus limita el uso de tropas en asuntos internos, permitiendo su aplicación básicamente en situaciones de emergencia, como desastres naturales. Es común que los gobernadores soliciten apoyo federal, pero la decisión debe ser aprobada tras evaluar la situación de manera conjunta.
Perspectivas sobre el impacto de la Guardia Nacional en ciudades
La controversia sobre el despliegue de la Guardia Nacional subraya las divisiones políticas actuales en los Estados Unidos. Mientras que Trump defiende sus acciones como necesarias para garantizar la seguridad, los opositores temen que estas medidas exacerbadas puedan provocar enfrentamientos innecesarios. Amigo, el equilibrio entre seguridad y libertad en este tipo de decisiones es un tema delicado que sigue generando debates apasionados en el país.